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Aduanas I: fraude al descubierto

por Nancy Flores

Emplazado por la ASF, el controvertido Fideicomiso Aduanas I —creado y operado al margen de la Ley por el secretario Francisco Gil Díaz— resarce casi 2 mil 500 millones de pesos al erario público, de los más de 10 mil millones de pesos que defraudó a la hacienda durante los cuatro primeros años de la administración foxista.

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Por órdenes del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y en la más absoluta discreción, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) -en su calidad de fideicomitente del Fideicomiso Aduanas I- resarció 2 mil 456 millones 800 mil pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), monto correspondiente a uno de los cuatro daños patrimoniales atribuidos a la dependencia durante la gestión de Vicente Fox.

Y es que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los ejercicios fiscales de 2001 a 2004 el SAT ha incurrido en quebrantos del erario público por 10 mil 183 millones de pesos al omitir enterar a la Tesofe los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), mismos que han sido depositados “indebidamente” en el fideicomiso privado Aduanas I, constituido por Gil Díaz en 1993 cuando se desempañaba como subsecretario de Ingresos (Contralínea 45).

Según las auditorías practicadas por la ASF, los daños patrimoniales ocurrieron en el siguiente orden: en 2001 por 4 mil 561 millones de pesos, en 2002 por 2 mil 200 millones, en 2003 por 2 mil 585 millones y en 2004 -ejercicio recién auditado- por 836 millones 346 mil pesos. Faltarían los desfalcos correspondientes a 2005 y 2006, los cuales serán auditados durante la próxima administración.

Para la diputada perredista Dolores Padierna el desvío de recursos y el fraude son muy claros, pues aunque la dependencia encabezada por José María Zubiría niega el desvío de los miles de millones de pesos hacia el Fideicomiso Aduanas I, al resarcir el 24 por ciento del monto total reclamado, el SAT acepta su responsabilidad sobre los quebrantos patrimoniales que se le imputan.

La reintegración de la millonaria cifra a la Tesofe fue revelada el pasado 30 de marzo por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, durante la entrega del Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2004.

En esa ocasión el auditor superior explicó a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que, en 2005, la ASF recuperó 2 mil 456 millones 800 mil pesos por concepto del Derecho de Trámite Aduanero. La legisladora Padierna detalla que este monto corresponde al daño patrimonial registrado en la cuenta pública 2003.

Entrevistado al concluir el acto, González de Aragón manifiestó que para la ASF éste es un logro muy importante: “a pesar de la controversia que se dirime en la Suprema Corte con relación a las observaciones que hicimos sobre los derechos del trámite aduanero, que no se depositaron en la Tesofe sino que se transfirieron directamente al Fideicomiso Aduanas I, hay dos acciones que van por el camino correcto: en primer lugar, la Secretaría de Hacienda ya constituyó un fideicomiso público, ya no va a ser privado. La segunda es que ya devolvió 2 mil 457 millones de pesos del Fideicomiso Aduanas I, sobre cerca de 10 mil millones de pesos observados por la ASF, esto también va por el camino correcto”.

Como lo ha informado Contralínea, la controversia constitucional y la creación de un nuevo fideicomiso público fueron impulsadas a mediados de 2004 por el secretario Gil Díaz, principal involucrado en el llamado fraude transexenal, según descubre el contrato de creación de la figura fiduciaria también identificada con el número 954-8, signado por puño y letra del funcionario.

El 22 de julio de ese año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituyó el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, figura pública destinada a captar los recursos que por más de una década fueron depositados irregularmente en el fideicomiso privado Aduanas I.

Dos meses después la SHCP presentó la controversia constitucional 84/2004 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La litis del alegato jurídico promovido por el Ejecutivo Federal en contra de la ASF y la Cámara de Diputados versa sobre la naturaleza privada de los recursos provenientes de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera y que corresponden al DTA.

Ausencia de comprobación

De acuerdo con el recién publicado informe de la revisión de la cuenta pública 2004, el máximo órgano de fiscalización recuperó el año pasado 5 mil 754 millones de pesos: “4 mil 222 millones derivados de la revisión de la cuenta pública de los ejercicios de 1998 a 2003, entre los cuales destacan los reintegros a la Tesofe por 2 mil 456 millones de pesos por concepto de DTA provenientes del Fideicomiso Aduanas I; 275 millones de pesos que corresponden a recuperaciones operadas durante la ejecución de las auditorías sobre la cuenta pública 2004, y mil 256 millones de pesos por devoluciones de las instituciones bancarias, determinadas a través de las auditorías 'GEL' a la cartera adquirida por el Fobaproa”.

El diputado panista Rafael Sánchez Pérez, secretario de la Comisión de Vigilancia, advierte que “aunque la ASF afirme que ha recuperado 20 mil millones de pesos, la verdad es que nunca nos ha mostrado un solo recibo de la Tesofe, y se los hemos pedido y no los exhibe. En el momento en que exhiba los recibos extendidos por la Tesofe, en ese momento yo lo llamaría un avance, pero como Santo Tomás, ver para creer”.

La legisladora Dolores Padierna confirma esta situación al explicar que “el resarcimiento es a la palabra del auditor, porque aunque ya le hemos insistido en la Comisión de Vigilancia que nos muestre la comprobación de que el dinero ha sido reintegrado a la Tesorería de la Federación hasta ahora no nos ha mostrado ningún comprobante. Los diputados no tenemos ningún documento que compruebe el pago de estos 2 mil 500 millones de pesos”.

La perredista va más allá y señala que, “aunque hay un reconocimiento explícito que hace la propia Auditoría Superior sobre la ilegalidad de este fideicomiso, porque las autoridades hacendarias no están facultadas para crear fideicomisos relacionados con temas de seguridad nacional, como es el caso de las aduanas, y que de hecho hay una prohibición para constituir este tipo de fideicomisos, hasta ahora no se ha fincado responsabilidad alguna a los funcionarios que reiteradamente han violado la Ley”.

Para la priísta Marcela Guerra, integrante de la Comisión de Vigilancia, “hay que profundizar en el tema. Ya por lo pronto éste es un adelanto: siempre que hay un resarcimiento así sea un peso o sean mil millones siempre es un logro. Hay que profundizar en esos logros y en la rendición de cuentas también. Pero la recuperación ha sido muy importante, ha superado por 'n' veces el porcentaje del presupuesto que tiene la ASF para cumplir con su función”.

Irregularidades en bancos

Además de dar cuenta de un nuevo quebranto a las finanzas públicas por 836 millones 346 mil pesos, recursos que no fueron enterados a la Tesofe en contravención de la normatividad, en el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2004 la ASF involucra al SAT en otras irregularidades relacionadas con la recaudación de ingresos por DTA.

Las auditorías practicadas sobre la concentración de los recursos del Derecho de Trámite Aduanero en la Tesofe, hecha por los bancos recaudadores de contribuciones federales, revelan que se desconoce el titular o beneficiario de cinco cuentas bancarias que reciben parte de estos recursos.

“Se constató que del 20 de mayo al 20 de agosto de 2004 se reportaron 943 millones 697 mil pesos del DTA captados por las instituciones bancarias BBVA Bancomer, HSBC, Santander Serfín, Banorte y Banamex. Se determinó que del monto total, 820 millones 544 mil pesos se depositaron en la cuenta número 264-732-492-7, correspondiente al Fideicomiso Aduanas I, 954-8, de los cuales se destinaron 500 millones 537 mil pesos, el 53.04 por ciento para el pago de las contraprestaciones del procesamiento electrónico de datos, y 320 millones 7 mil pesos, el 33.91 por ciento para cubrir los servicios de apoyo y control del despacho aduanero.

“En la revisión de los traspasos a las cuentas bancarias del fideicomiso referido se observó que existen otras cuentas en las que se consignan importes del DTA, con números 22770000700000, 22770002300000, 22770028500000, 22770000900000 y 22770001700000, de las cuales se desconoce el nombre del cuentahabiente al que pertenecen, por lo que se solicitó al SAT que indicara a qué bancos corresponden”.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación detalla que “la Administración General de Aduanas informó que desconoce la composición e identificación de las cuentas, debido a que la cuenta donde se depositaron los ingresos del DTA está contenida en el Instructivo de Operación correspondiente”.

Ante estas anomalías, Arturo González de Aragón explica que el proceso de transparencia del Fideicomiso Aduanas I aún no concluye. “Estamos todavía en eso, acuérdese que está todavía el fallo de la Corte. Al recibir y darle entrada a la controversia, la Corte declaró en suspensión todas las acciones relativas a este asunto, de manera que nos sentimos más complacidos porque a pesar de que estaban en suspensión logramos que devolvieran 2 mil 457 millones de pesos comprobables, nosotros si los comprobamos”.

El análisis de la ASF especifica que el SAT, a través del Fideicomiso Aduanas I, aún tiene una multimillonaria deuda con las finanzas públicas. En el capítulo 3, volumen IV, del informe el máximo órgano de vigilancia señala que a la fecha el daño patrimonial asciende a 7 mil 788 millones de pesos.

Al respecto, el auditor superior dice “vamos ganando paso a pasito, quisiéramos que fuera más rápido porque son recursos de todos y nadie tiene derecho a ocultar la rendición de cuentas”.